Ya ha sido un año tumultuoso en la política interamericana en cuanto a los derechos humanos y la democracia. Nuestro quinto informe sobre el cumplimiento hemisférico a las normas internacionales en cuanto a democracia y derechos humanos demuestran una serie de divisiones y cambios globales que no anticipamos cuando comenzamos este proyecto. Por un lado, aunque la VIII Cumbre de las Américas—celebrada en Lima en abril de 2018—abordaba frontalmente el tema del deterioro de la democracia en Venezuela, el retiro de la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro a la cumbre y la decisión de último minuto del presidente estadounidense Donald J. Trump de no asistir, resultó en la presencia más baja de jefes de estado (sólo asistió el 47%) en la historia de la reunión hemisférica en sus 24 años de edad.
A pesar de la disminución del compromiso regional y una creciente preocupación sobre la fragmentación del consenso hemisférico, en la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el órgano hemisférico finalmente aprobó una resolución condenando el estado de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela. Citando la falta de garantías y condiciones básicas que se necesitan para unas elecciones libres y justas, la resolución también declaró que las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que se reeligió a Nicolás Maduro fueron fraudulentas. En una región cuya preocupación ha expresado unos estándares electorales deteriorados y el aumento de observadores electorales poco profesionales, era una clara y fuerte declaración sobre lo que constituye unas elecciones democráticas.
Desde la publicación de nuestro último informe, tres nuevos miembros latinoamericanos se han unido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todos los cuales son excepcionales defensores de las prácticas internacionales de derechos humanos. Pero hay dos problemas. Como detallamos en este reporte, la decisión del 19 de junio de 2018 por parte de la administración de Trump de retirarse del Consejo probablemente obstaculizará cualquier esfuerzo para reformar este organismo y representar mejor a los gobiernos democráticos. Al salirse de este organismo, Estados Unidos esencialmente cede a los abusadores el único foro global del mundo dedicado en su totalidad a los derechos humanos. Quizás no hay un mejor ejemplo de esto que las recientes abstenciones por parte de Venezuela y Cuba en la votación del Consejo sobre la tragedia de la población musulmana Rohingya en Myanmar, quien está sufriendo una política de desplazamiento y genocidio.
Al mismo tiempo, sigue existiendo un gran signo de interrogación sobre la política exterior de México que regirá bajo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha declarado en repetidas ocasiones su compromiso con la política de no intervención. Asimismo, la relación de México con grupos multilaterales todavía está por verse. No obstante, es probable que el gobierno del presidente electo AMLO transforme la actual política exterior de México—iniciada por el anterior Ministro de Asuntos Exteriores Jorge Castañeda durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006)—en la que México buscó un perfil internacional más activo en temas relacionados con la democracia y los derechos humanos (pero como hemos detallado en ocasiones anteriores, esos compromisos no siempre se han traducido en acciones concretas en las políticas domésticas de México).
La tendencia a una disminución en el cumplimiento y respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IACHR, por sus siglas en inglés); continúa y se extiende. En el año 2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, el Perú se opuso a las recomendaciones y a los informes del sistema. Más tarde en 2012, un bloque de países liderados por el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa (con el apoyo de los gobiernos de Argentina, Bolivia y Venezuela) intentó castrar la independencia del sistema y su alcance. Hoy en día, la agresión es más “pan-ideológica”. Jamaica no envió un representante de su gobierno a la audiencia sobre la violencia estatal racial; Venezuela y Nicaragua se niegan a cooperar en las audiencias; y Estados Unidos envió un número reducido de representantes y desafió a la autoridad del sistema.
Por último, en cuanto al cumplimiento doméstico de las obligaciones internacionales sobre los derechos laborales, es difícil desentrañar los hechos de la ideología. Aunque ha habido una serie de desafíos a los derechos sindicales de los trabajadores como resultado de las reformas laborales de los años noventa y dos miles, así como una creciente red de acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales característicos de esta era, esos compromisos han fracasado con excesiva frecuencia en su aplicación local. Esas obligaciones pueden fortalecerse en futuros acuerdos de libre comercio, incluyendo en el actual Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) y en las renovadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).