Después de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, la OEA celebró su 48ª Sesión Regular de su Asamblea General en Washington D.C. el 4 y 5 de junio. Como se ha vuelto costumbre en la OEA, los principales estados miembro de la región se tomaron su tiempo asignado durante la sesión plenaria para abordar la creciente crisis humanitaria, política y económica en Venezuela, con Estados Unidos solicitando una vez más la potencial suspensión del país del organismo, y otros estados miembro rechazando los resultados de las “elecciones” del 20 de mayo de 2018. Pero tan pronto como cada delegación terminaba de exponer, sin excepción alguna, el Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, saltó en defensa de su gobierno y denunció estas declaraciones.
La mayor parte de las reacciones predefinidas de Arreaza siguieron el clásico manual de interrupciones de Venezuela en la OEA, negando cualquier irregularidad de parte del régimen de Maduro. Arreaza incluso llamó a la OEA un cártel y a su Secretario General, Luis Almagro, un sicario y denunció la petición del Estados Unidos “imperialista” para suspenderlo de la organización. En casi todas sus respuestas, Arreaza respaldó sus alegaciones citando los artículos 19 y 20 del estatuto de la organización.
El artículo 19 declara que ningún estado ni grupo de estados tiene el derecho a intervenir en los asuntos internos o exteriores de cualquier otro estado, incluyendo las intervenciones militares y cualquier intento de amenaza contra los elementos políticos, económicos y culturales de un estado. El artículo 20 declara que ningún estado puede utilizar medidas coercitivas para forzar la voluntad de otro estado y obtener ventajas de cualquier tipo del mismo. Al citar estos dos artículos, Venezuela sostiene que a través de las sanciones y peticiones para suspender al país de la OEA, Estados Unidos no sólo está detonando y perpetuando la crisis económica, sino que tampoco se atiene a los estatutos de la organización.
Propuesta de resolución sobre la situación en Venezuela
La resolución apenas fue aprobada, con un voto adicional a los 18 que se necesitaban. Rechazó la legitimidad de las elecciones fraudulentas en Venezuela, solicitó la colaboración de los estados miembro para abordar la crisis humanitaria en el país y estableció el precedente para una posible suspensión de Venezuela de la OEA.
Pero la mayor parte del desprecio de Arreaza vino por una propuesta de resolución sobre la situación de Venezuela presentada por siete países—Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Perú y Estados Unidos, a los que más tarde se unieron Costa Rica, Guatemala y Paraguay. La resolución denunciaba las elecciones del 20 de mayo de 2018, declarando que carecían de legitimidad al no cumplir con los estándares internacionales; hacían una petición para que se fomente un mayor diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición en el país; y sentó un precedente hacia la posible suspensión de Venezuela de la OEA.
El artículo 10 del proyecto de resolución llamaba a la organización a “aplicar, en estricta conformidad con la carta y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21”. El artículo 20 de la Carta Democrática señala que cualquier estado miembro puede solicitar una reunión inmediata del Consejo Permanente para evaluar la situación y adoptar las “iniciativas diplomáticas necesarias” para restablecer la democracia. Si estos esfuerzos fracasan o la crisis empeora, el Consejo Permanente puede convocar una sesión especial de la Asamblea General, que trabajará para adoptar las decisiones que considere oportunas. Sin embargo, según el artículo 21, si estas sesiones especiales indicadas en el artículo 20 son ineficaces, la sesión especial puede realizar una votación para suspender al estado miembro de participar en la OEA. La suspensión surtiría efecto inmediatamente. Aunque la resolución no solicita la suspensión inmediata de Venezuela, ahora ofrece a la organización una vía para una suspensión eventual.
La resolución también mostró un cambio en los patrones de voto de los estados miembro. De los 19 países que votaron a favor, Barbados y la República Dominicana, que previamente se abstuvieron de votar en las resoluciones sobre Venezuela, se convirtieron en los héroes inesperados. También fueron sorprendentes los votos de Belice y Uruguay, que habían votado a favor de la resolución sobre la situación en Venezuela en la 47ª Asamblea General de la OEA, pero se abstuvieron en esta ocasión. Incluso con esta pequeña victoria, queda claro que la mayoría de los países del CARICOM y otros simpatizantes de Venezuela en la región se mantienen firmes en su apoyo al régimen de Maduro y seguirán sin responder a la grave situación humanitaria en el país.