Proteger a las mujeres de la violencia de género es un tema de derechos humanos usualmente ignorado a nivel global. En América Latina, las leyes para proteger a las mujeres existen, pero esas leyes a veces no son implementadas de forma uniforme, y hay una falta de voluntad política para alinearse completamente con la ley y las obligaciones internacionales.
Todos los Estados latinoamericanos han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Catorce han ratificado el Protocolo Opcional de la Convención reconociendo la competencia del comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para monitorear el cumplimiento de los Estados y para recibir y considerar reclamos de individuos en sus jurisdicciones. Esos mismos catorce siguen el sistema interamericano de derechos humanos que incluye la Convención Interamericana sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (La convención de Belém do Pará), que afirma que la violencia contra las mujeres constituye un violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Pero los compromisos internacionales no siempre ha resultado en la aplicación efectiva del espíritu de la ley o de la ley en sí misma para detener efectivamente la violencia contra la mujer.
De acuerdo con información de “A Gendered Analysis of Violent Deaths”, un reporte publicado en 2016 por el Small Arms Survey, “de los 25 países con las tasas más altas de femicidios en el mundo, 14 son de América Latina y el Caribe.” Hay numerosas categorías de femicidio: el femicidio íntimo, el no-íntimo, asesinatos de honor, crímenes de odio por orientación sexual, asesinato de mujeres y niñas indígenas, femicidios relacionados a la dote, femicidio de crimen organizado y asesinatos dirigidos a las mujeres en conflictos armados, entre otros.
Alrededor del mundo, como en América Latina, la tasa de femicidios es obstinadamente alta. Los asesinatos por dote son responsables de la muerte de miles de mujeres cada año, especialmente en el sur de Asia. Entre 2012 y 2015 hubo un estimado de 24,771 muertes por dote en India. En Jordania hay entre 15 y 20 asesinatos de honor cada año. En México, 2,318 mujeres han sido asesinadas a lo largo de nueve años, según el Obsevatorio Ciudadano Nacional del Femicidio (OCNF).
La base de datos del Global Burden of Armed Violence 2014 muestra que entre 2007 y 2012, en promedio, 60,000 mujeres fueron asesinadas violentamente alrededor del mundo. Globalmente, El Salvador y Honduras se destacan con tasas de más de 10 homicidios femeninos por cada 100,000 mujeres. El nivel de violencia que afecta a las mujeres en El Salvador y Honduras excede las tasas combinadas de homicidios masculinos y femeninos en algunos de los 40 países con las tasas de asesinatos más altas en el mundo, como Ecuador, Nicaragua y Tanzania.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 12 mujeres son asesinadas cada día en promedio en la región. Sin embargo, debido a limitaciones de información, los números de la CEPAL no incluyen a Brasil, un país con uno de los peores registros en cuanto a violencia de género.
En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzaron el Protocolo Modelo Latinoamericano para la investigación de asesinatos por género de mujeres. El objetivo de ONU Mujeres fue apoyar a aquellos países que adoptaron el protocolo para desarrollar legislación especializada sobre femicidio – específicamente para investigar adecuadamente y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres.
En 2008, nueve países en América Latina contaban con legislación especial sobre femicidio. Para 2015, 16 países en América Latina habían modificado sus leyes para incluir un tipo de crimen específico para referirse al asesinato de mujeres. En Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú el femicidio está codificado como crimen, acarreando penas diversas de prisión; en Argentina y Venezuela el crimen es considerado homicidio agravado y en República Dominicana aún no hay una categoría criminal específica para la violencia de género.
Mucha de la información que es recolectada sobre homicidios no es desagregada por sexo, lo que resulta en que muchos asesinatos de mujeres no sean registrados, especialmente en conflictos armados y en zonas golpeadas por la pobreza. Aún así, han habido mejoras recientes en la recolección y disponibilidad de información sobre femicidios. Desde 1995, más de 100 países han llevado a cabo al menos un sondeo sobre el tema.
El Protocolo Modelo de ONU Mujeres es una herramienta para asistir a la policía, a las cortes, a funcionarios de los departamentos de justicia y médicos forenses para investigar adecuadamente un femicidio. En América Latina y alrededor del mundo, los crímenes de odio contra las mujeres y su investigación y enjuiciamiento no han seguido protocolos específicos. Activistas han argumentado que la falta de definiciones, estándares y procedimientos internacionalmente consistentes han contribuido a la persistencia de las altas tasas de femicidios.
La mala caracterización del femicidio también abunda. En países como Chile o Nicaragua, los asesinatos de mujeres – que son considerados femicidios en lugares como Colombia – no son definidos de forma similar si, por ejemplo, la víctima no tiene relación con el perpetrador. México también ha sido vago en lo que la ley define como femicidio. Por ejemplo, el estado de Chihuahua no considera los asesinatos de mujeres extremadamente violentos de forma distinta a otros homicidios. También, para que sea contado como femicidio en el Estado de México la víctima debe demostrar señales de asalto sexual o mutilación o haber experimentado abuso.
Los países que sufren tráfico de narcóticos y altas tasas de crimen, como El Salvador, Honduras y México también sufren impunidad y, a menudo, una cultura de machismo. Por ejemplo, en México, el Observatorio de Femicidios, una coalición de 43 grupos que documentan crímenes que afectan a mujeres, descubrió que solo el 16 por ciento de los asesinatos de mujeres en 2012 y 2013 fueron clasificados como femicidios – y solo el 1.6 por ciento resultó en condenas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en El Salvador descubrió que en el 12 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres que fueron reportados, los perpetradores eran jueces, fiscales, abogados y policías en las comunidades en cuestión.
A pesar de que el Congreso de El Salvador haya aprobado un marco legal en 2010 para combatir la violencia contra las mujeres, el progreso ha sido lento. Una ley, conocida como la Ley Especial Integral para una Vida sin Violencia para las Mujeres y apoyadas por grupos activistas, ayudó a establecer 11 unidades locales de género para proveer atención a las víctimas de violencia. Si bien los esfuerzos han traído resultados al señalar zonas de alto riesgo, los códigos de silencio en comunidades y la intimidación son endémicos.
Pero ha habido avances. Para mejorar su seguimiento de los femicidios, el Ministerio Público de Perú ha desarrollado un registro de femicidios que registra las muertes de mujeres en caso de femicidios íntimos, no-íntimos y de femicidios no basados en relaciones. Es visto como una buena práctica modelo para mejorar los procesos de investigación y evidencia para una mejor toma de decisiones ahora que es parte del código penal del país.
Conclusiones
Las leyes y prácticas para condenar a los perpetradores de femicidios aún son extremadamente débiles en América Latina y el sistema patriarcal de desigualdad y exclusión social permanece en áreas de alta concentración de pobreza y en zonas de conflicto. A pesar de que los países hayan sancionado leyes para tratar la violencia contra las mujeres y en su caso instalado los procedimientos criminales adecuados para los asesinatos de mujeres, la implementación es todavía desigual, con pocas organizaciones internacionales provistas de los recursos y la autoridad necesarios para supervisar adecuadamente estos esfuerzos. Organizaciones como ONU Mujeres apoyan a oficinas a nivel nacional y multi-nacional con programas directos o se comprometen a apoyar a gobiernos y a la sociedad civil a través de asociaciones, mientras que ONGs como CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) promueven y monitorean el cumplimiento de los acuerdos internacionales como el Plan de Acción para el Empoderamiento de las Mujeres que fue adoptado por la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo y el tratado ratificado por 25 países de América Latina y el Caribe luego de la Convención de Belém do Pará, ambos en 1994.
