El Sistema Interamericano de Derechos HumanosSólo Presentarse no es Suficiente, pero es un Avance

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) celebró su 165º Período Extraordinario de Sesiones del 23 de octubre al 27 de octubre de 2017 en Uruguay; su 166ª Sesión del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 en Washington D.C.; y su 167ª Sesión de audiencias públicas del 22 de febrero hasta el 2 de marzo de 2018 en Colombia. Durante estas tres sesiones, la Comisión publicó dos informes temáticos: “Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección” y “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos”. Celebró más de cincuenta audiencias sobre veinte países de la región; y firmó un acuerdo de cooperación con el estado de Colombia para proporcionar asistencia técnica en la implementación de los Acuerdos de Paz. El apoyo tratará de alentar a las autoridades involucradas en la implementación del acuerdo para cumplir con los estándares interamericanos sobre la protección de los derechos humanos a través de diálogos de alto nivel.

Desde nuestro primer reporte “Liberales, Díscolos y Facilitadores: El orden internacional en el siglo 21”, la cooperación multilateral ha disminuido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, salvo un caso, Panamá, que ha recibido una puntuación perfecta por tener una participación constructiva. Se ha vuelto cada vez más común que las delegaciones de los países lean un guion preparado sin abordar las preocupaciones específicas planteadas por la sociedad civil. De esta forma, las delegaciones de los países dejan de utilizar estas audiencias para lo que originalmente fueron diseñadas: oportunidades de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para encontrar soluciones a los temas de derechos humanos en el país. Los gobiernos tienen que hacer algo más además que simplemente presentarse. Tienen que participar activamente y demostrar que están dispuestos a continuar las conversaciones con la sociedad civil fuera de la Comisión.

Pero incluso con una menor participación activa, todavía hay gobiernos que dejan de abordar por completo las preocupaciones de la sociedad civil y excusan la acción del gobierno. Aunque esperamos este tipo de reacción del gobierno de Venezuela, esta vez fueron los gobiernos de Jamaica, Perú y Estados Unidos los que recibieron algunas de las puntuaciones más bajas.

Jamaica no se presentó al CIDH

Durante la sesión 165ª de las audiencias, el gobierno de Jamaica no asistió a su audiencia porque el gobierno no tenía una representación diplomática en Uruguay. Pero de mayor importancia es que el país dijo que no comprendía por qué se convocó una audiencia sobre las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la prisión preventiva de afro descendientes si el 92-93% del país se identificaba como negros, el 6% como mestizos y menos del 2% decían no tener orígenes africanos.

La excusa del gobierno de Jamaica de que debido a que la mayoría de la población del país se identifica como negra, y que los ataques de las fuerzas de seguridad sobre los afro descendientes no eran ataques selectivos, es preocupante. La falta de reconocimiento de que el país tiene un problema de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la prisión preventiva y su uso de la composición racial del país para desestimar totalmente este tema es un lamentable contraste con su posición de respaldar de forma consistente las resoluciones regionales sobre Venezuela. Jamaica es uno de los pocos países caribeños que votan a favor de las resoluciones respaldadas por Estados Unidos sobre Venezuela, misma que solicita que el país libere a los presos políticos, permita el acceso a la ayuda humanitaria y, como se manifestó durante la 48ª Asamblea General de la OEA, se prepare para la posible suspensión de Venezuela de la OEA. En este sentido, ¿podrían las acciones de Jamaica sobre Venezuela ser sólo una táctica para mantener una buena relación con Estados Unidos mientras ignora los derechos humanos a nivel doméstico? ¿Está el gobierno realmente apoyando los derechos humanos? En este último caso, ¿qué hay de los derechos humanos de los jamaiquinos, independientemente de la raza?

El indulto humanitario al ex Presidente Alberto Fujimori

La Comisión también escuchó una audiencia sobre el indulto otorgado al anterior presidente peruano Alberto Fujimori. El 24 de diciembre de 2017, el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori un indulto humanitario y un “derecho de gracia”, que lo protegería de cualquier persecución por cualquier otro crimen pasado. Fujimori había cumplido menos de la mitad de su sentencia de 25 años, por su rol en los asesinatos extrajudiciales, secuestros y desapariciones forzadas.

El gobierno peruano se apresuró a hacer referencia al estado de salud de Fujimori—a la edad de 79 años, el ex Presidente padece de cáncer de lengua, hipertensión, taquicardias y gastritis hemorrágica—para explicar el indulto. Sin embargo, hay fuertes razones para creer que su puesta en libertad tuvo lugar como resultado de una negociación entre Kuczynski y Kenji Fujimori, miembro del Congreso e hijo del ex Presidente, para mitigar las presiones cada vez mayores contra Kuczynski de parte del partido político fujimorista Fuerza Popular. Durante la audiencia, era evidente que el gobierno peruano no podía ofrecer una explicación coherente para el indulto. Aunque mencionaron el estado de salud del ex Presidente, la delegación peruana pasó de puntillas por la pregunta y se refirió constantemente a otros casos en los que los criminales fueron indultados por peores crímenes. La delegación continuó describiendo el indulto de Fujimori como una manera de avanzar hacia la reconciliación sin “olvidar el pasado”,aunque sin una explicación de lo que eso significa exactamente.

Varios grupos de derechos humanos y familiares de víctimas presentaron también sus casos “Familias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Después de tres meses, el 15 de junio de 2018, la Corte dictaminó que las cortes peruanas no cumplieron plenamente con “la obligación de investigar, perseguir y, en este caso, sancionar las graves violaciones de derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta”. El gobierno peruano debe ahora revisar el caso otra vez para garantizar el derecho al acceso a la justicia y presentar información del progreso realizado hasta el 28 de octubre de 2018. Por último, la Corte también indicó que una medida diseñada para proteger la integridad física o la vida de la persona condenada por violaciones de derechos humanos sólo debe aplicarse en casos muy extremos y no debe resultar necesariamente en su puesta en libertad.

La Corte confirmó que según el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estaba bajo su jurisdicción pronunciarse sobre el caso.

Estados Unidos en el CIDH

Comparado con las audiencias que cubrimos en nuestro último informe, durante las audiencias de la 166ª Sesión, la delegación de Estados Unidos fue respetuosa. Sin embargo, no abordó ni remotamente el tema de las audiencias. Durante las audiencias, “Derechos laborales en la industria automotriz en Estados Unidos”, la delegación se negó a debatir el tema porque las cuestiones planteadas en la audiencia son parte de investigaciones en curso y no se encontraban en condiciones de comentar. Asimismo, en la audiencia “Denuncias de impunidad por ejecuciones extrajudiciales en Estados Unidos”, la delegación reconoció el problema, pero mantuvo que quedaba fuera de la jurisdicción del Departamento de Estado.

Las respuestas eran más acordes con posturas pasadas de Estados Unidos ante la Comisión—aquella donde los problemas no competen al Departamento de Estado o todavía estaban siendo adjudicados o en cortes que no estaban bajo la jurisdicción federal. Aún así, mostro una postura mucho mejor respecto a los desempeños pasados. En la 161ª Sesión, Estados Unidos no se presentó a tres audiencias relacionadas con la migración; y en la 164ª Sesión, los representantes de Estados Unidos se presentaron para sus dos casos, pero desafiaron la autoridad de la Comisión y las obligaciones de Estados Unidos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo, el tono positivo mostrado durante la 166ª Sesión cambió dramáticamente durante la 167ª Sesión. Durante las dos audiencias de Estados Unidos sobre la regulación de la venta de armas y la violencia social y los derechos humanos de las personas afectadas por la cancelación de los programas de Estatus de Protección Temporal y de Acción Diferida para los Menores de Edad (DACA, por sus siglas en inglés), la delegación estadounidense fue displicente. La delegación no estaba dispuesta en absoluto a interactuar con la Comisión sobre un asunto constructivo, criticando a la Comisión por inmiscuirse en temas relativos a la política doméstica y sobre la “cantidad exorbitante” de recursos que gastó la Comisión para continuar con el caso. Por esas razones, la delegación dijo que estaba resultando difícil para Estados Unidos colaborar de forma significativa con la Comisión.

Además, también había una marcada diferencia en el número de representantes de la delegación de Estados Unidos en las audiencias. En la 166ª Sesión, la delegación de Estados Unidos estaba compuesta por al menos seis representantes, pero sólo dos representantes de Estados Unidos se presentaron para las audiencias que involucraban a Estados Unidos de la 167ª Sesión. Como hemos mencionado en informes anteriores, la resistencia de Estados Unidos a cooperar completamente con este órgano debilita el respaldo y la autoridad de Estados Unidos para instar al cumplimiento con la Comisión de parte de otros estados miembro.

La supuesta preocupación de Estados Unidos por el presupuesto de la CIDH en los debates que involucran a Estados Unidos pueden ser una amenaza no tan sutil a la Comisión para restar importancia a los casos que involucran a Estados Unidos, especialmente porque Washington es un donante principal para la CIDH. Pero independientemente de las intenciones detrás de la reciente actitud de Estados Unidos hacia la Comisión, este comportamiento insta a otros gobiernos a seguir el ejemplo: de intentar extorsionar a la Comisión para ser suave con sus casos con la amenaza de reducir o retirar por completo el apoyo. Es una amenaza peligrosa y siniestra, especialmente porque la CIDH—y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general—ha sido la crítica más destacada, activa, profesional e independiente de los países sobre los que Estados Unidos dice expresar preocupación.

¿Quién está Cooperando con la Comisión Interamericana?

Aquí enumeramos las audiencias temáticas de las sesiones 165ª a 167ª de la Comisión de la OEA y las valoramos en función de la asistencia y participación gubernamental. Un 0 indica que los representantes del gobierno no asistieron; 1 indica que el gobierno intentó interrumpir o protestó durante la audiencia; 2 es una participación neutral; 3 indica una participación activa y positiva por parte del gobierno. Si un país tuvo varias audiencias, la puntuación presentada es un promedio

Biografías de Candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En la 48ª Asamblea General de la OEA, el 4 y 5 de junio de 2018, los estados miembro eligieron a tres nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), cada uno de los cuales tendrá un mandato de seis años. Los países votaron para elegir a Eduardo Ferrer MacGregor (México, 21 votos), a Humberto Sierra Porto (Colombia, 16 votos) y a Ricardo Pérez Manrique (Uruguay, 16 votos). Nardi Suxo Iturry, el candidato boliviano, recibió siete votos.

Los nuevos magistrados ocuparán los escaños actualmente ocupados por Roberto de Figueiredo Caldas (Brasil), Eduardo Ferrer MacGregor (México) y Humberto Sierra Porto (Colombia). Tanto Ferrer MacGregor como Sierra Porto fueron re-nominados para sus escaños.

Los candidatos y su trayectoria se describen a continuación de forma alfabética por país.

Nardi Suxo Iturry, Bolivia

Nardi Suxo Iturry, la única candidata mujer a la Corte, es una abogada y socióloga que es la actual Embajadora de Bolivia ante Organizaciones Internacionales en Ginebra (Suiza). Antes de su puesto actual, fue Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción entre 2006 y 2015 (el puesto ya no existe; se fusionó con el Ministerio de Justicia en 2017). Su mandato de nueve años fue empatado como la ministra con el mandato más largo del gobierno de Morales. En un evento en el Diálogo Interamericano en abril de 2018, Suxo se enfrentó a preguntas del público sobre su experiencia en derechos humanos y fue incapaz de prometer independencia del gobierno boliviano en sus decisiones si fuera elegida para la Corte. Antes de la votación, un artículo muy crítico publicado en el periódico boliviano Página Siete señalaba que Suxo era la única candidata con antecedentes estrictamente políticos.

Humberto Sierra Porto, Colombia

Humberto Sierra Porto ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2013 y presidente de la Corte de 2014 a 2015. Es investigador del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia. Como especialista en derecho constitucional, Sierra Porto ha prestado servicio como miembro de la Corte Constitucional de Colombia entre 2004 y 2012.

Eduardo Ferrer MacGregor, México

Eduardo Ferrer MacGregor ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2013. Fue vicepresidente de la Corte entre 2016 y 2017 y se convirtió en su presidente el 1 de enero de 2018. Es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha sido profesor visitante en el Washington College of Law en la Universidad Americana, en la Universidad de Stanford y en Notre Dame. Es autor de varios libros y monografías sobre derechos humanos y derecho constitucional.

Ricardo Pérez Manrique, Uruguay

Ricardo Pérez Manrique served in the Supreme Court of Uruguay between 2012 and 2017 and was its president in 2016. Pérez Manrique has been part of the Uruguayan justice system in various positions since 1989, he has taught at universities in Uruguay and the region, including the University of the Republic, and has published dozens of articles in legal journals. She specializes in domestic violence issues and is a strong advocate for the rights of women and children.