La inmediatez de la crisis de la pandemia ha llevado al Gobierno y al Congreso a adoptar medidas radicales, aludiendo a la urgencia de minimizar el impacto social y económico. Aunque ahora haya poco tiempo para pensar en lo que va a venir después, hay que estar conscientes que las medidas que se tomen hoy establecerán precedentes.

Si el Congreso ha optado por irrespetar la Constitución y el Ejecutivo decide no hacer nada para evitarlo, nos tendremos que ir acostumbrando a que el Congreso legisle sobre temas respecto a los que no tiene atribuciones. En la práctica, estaremos entrando a un nuevo sistema político, establecido por la fuerza de los hechos, que modifica los poderes y atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo sin que haya sido debidamente modificada la Constitución.

Las normas se hacen para cumplirse. Si la elite política quiere redactar un nuevo contrato social que nos ha de regir por varias décadas, al menos debería demostrar que tiene la voluntad y la disciplina para respetar la hoja de ruta del proceso que ella misma dibujó. No se puede pretender construir una Constitución que busque ser la más legítima en la historia del país cambiando continuamente las reglas del juego del proceso.