No sabemos cuál va a ser el destino de esta acusación constitucional. Pero lo que es evidente es que la decisión de los partidos políticos de enfrascarse en un debate que le importa poco a la gente refleja la incapacidad de la clase política de hacerse cargo de las preocupaciones y prioridades de la población.

Dado que no sería difícil argumentar que los conflictos en Rapa Nui o La Araucanía tienen también un impacto medioambiental —aunque menor que los de los incendios en el Amazonas— o social —aunque menor que la crisis en Venezuela—, la decisión de Piñera de ser actor internacional deja a su gobierno en posición vulnerable cuando alguna potencia decida involucrarse en temas relacionados con Chile.

Es verdad que una golondrina no hace verano. Pero la reforma tributaria del Presidente Piñera es una pieza central —si no la más importante— de su intento por revertir algunos de los proyectos más controversiales que implementó Bachelet en su segundo gobierno.

El lento crecimiento económico golpea a los gobiernos en el poder y, para volver a ganar, éstos deben cumplir las principales promesas que les dieron en su momento la victoria. Más allá de eso, el caso de Argentina no ofrece muchas lecciones para Chile Vamos y sus posibilidades de seguir a cargo.

Probablemente no hay otro líder político más antagónico a Sebastián Piñera que le haya dado tantos dolores de cabeza al único presidente de derecha democráticamente electo en Chile desde el retorno de la democracia.

La carrera presidencial se puede convertir en el norte que ordene la agenda del gobierno y discipline a los contingentes partidistas de derecha.

Porque la opinión pública todavía no empieza a ponerle atención a la próxima contienda, es mejor que los que aspiran a ser candidatos se preparen para estar listos en el momento indicado que gastar fuerzas y energías haciendo una campaña que tendrá más impacto en los medios que en los votantes.

Una mejor forma de combatir la delincuencia y demostrar liderazgo en implementar políticas públicas bien diseñadas y efectivas es involucrando al poder judicial e introduciendo transparencia en el desempeño profesional de los jueces.

Si el gobierno aparece repitiendo el error de gobiernos anteriores de ser demasiado blando con las empresas que incumplen su rol de proveedores de servicios básicos, no hay que sorprenderse después cuando los candidatos a puestos de elección popular prometan estatizar el agua, las pensiones, la salud, el agua o la electricidad.

Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación en Osorno y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional. Porque no hay nada que haga más daño a la legitimidad de una economía de mercado que las fallas regulatorias que permiten abusos y que violan los derechos de los consumidores, La Moneda debiera tomar medidas concretas que vayan más allá de la indignación, el enojo y las amenazas sin dientes.